Viernes, 01 de mayo de 2009

AVISO: El contenido de este artículo es puramente teórico. No busquen su parecido con la realidad ni traten de aplicarlo.

Todos sabemos que una ley orgánica tiene cierto rango en el ordenamiento jurídico y que ninguna norma inferior puede (debe) contradecirla. También sabemos que una convocatoria de oposición o de baremación de listas es una orden emitida por un gobierno autonómico y que su rango es inferior al de la ley orgánica.

Dicho esto voy a acordarme de la Ley Orgánica 30/1992 de 26 de noviembre sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, que viene a establecer las reglas del juego en las relaciones de los ciudadanos con la administración.

Me voy, muy concretamente, al artículo 35. Derechos de los Ciudadanos, y especialmente al punto F:

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen los siguiente derechos:

F) A NO presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento que se trate o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

Caramba... si la administración actuante tiene ya mis nombramientos y mis ceses... ¿tengo derecho a no presentar las famosas fotocopias compulsadas?

Si he hecho cursos organizados por la administración... ¿tengo derecho a no presentarlos cada vez que vaya a una oposición, una baremación de interinos o un concurso de traslados?

Si a administración tiene mi título... ¿para qué darle más copias?

Aunque he querido centrarme en el punto F, el resto del artículo tampoco tiene desperdicio:

Artículo 35. Derechos de los ciudadanos.

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.

B) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

C) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

D) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.

E) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

F) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

G) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

H) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes.

I) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

J) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

K) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.

Más información en:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-1992.t4.html#a35



Publicado por ram65 @ 13:12  | Otros
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